El World Justice Project (WJP) presentó los resultados de su encuesta enfocada en Paraguay, con apoyo del Instituto Desarrollo (ID) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La actividad se realizó en el marco del Programa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad.
En el evento se dieron a conocer los datos sobre la percepción de la calidad de los abogados en el país y la necesidad o no de una certificación profesional de los mismos. Así también, incluyeron secciones sobre confianza institucional, percepción de corrupción y acceso a la justicia.
Según los informes preliminares, actualmente Paraguay se encuentra en el número 24 de 32 países a nivel regional y a nivel mundial en el puesto 96 de 140 países en el índice de Estado de derecho y esto deja un amplio campo en el cual se debe de trabajar para fortalecer al país. Por otro lado, las puntuaciones más bajas fueron para el sistema de justicia penal y civil, el primero con 0,27 puntos y el segundo con 0,42.
Por otro lado, sobre la formación de los abogados en Paraguay, en su mayoría contestaron que existe una buena formación, que podría ser satisfactoria y que los profesionales tienen nociones correctas sobre el derecho. Sin embargo, consideran que en otros países es más completa.
En derechos fundamentales la puntuación es una de las más altas con 0,52 al igual que en cumplimiento normativo con 0,48; todos estos datos con base en el índice global de Estado de derecho del 2022. En contrapartida, otro de los indicadores con puntuaciones bajas es la ausencia de corrupción con una calificación de 0,31, un número que refleja lo arraigada que se encuentra en Paraguay.
Sobre la percepción de corrupción de los actores del sistema de Justicia, la Policía lidera la escala con un 63,2%, le siguen los fiscales a cargo de las investigaciones criminales con un 57,5%, los abogados o defensores públicos se ubican en la escala con un 47,9% en percepción de corrupción, mientas que los abogados privados cuentan con un porcentaje menor de 36,4%.
La presentación estuvo a cargo de Eréndira González, Líder de Equipo del índice de Estado de Derecho de México y Alejandro Ponce, director de investigación del WJP.
También estuvieron presentes Javier Contreras, coordinador de Estado de Derecho del Programa y Gustavo Gorostiaga, especialista en materia de derecho penal y criminología, quienes realizaron sus comentarios sobre la importancia de estas informaciones para comprender la incidencia y la necesidad de los datos para fortalecer el Estado de Derecho.
Se espera que los resultados de la encuesta sean un insumo para investigaciones, informes y debates futuros. Además, cabe destacar que los datos de este estudio serán posteriormente utilizados para construir un Índice de Estado de Derecho para Paraguay, el cual es realizado en 140 países de todo el mundo, para analizar la comparabilidad y revisión de los parámetros.
